Los muertos no hablan. Y los vivos no quieren

Sí, es necesaria una Comisión de la Verdad para esclarecer la muerte y desaparición de decenas de personas durante las dictaduras sucedidas en Bolivia entre 1971 (inicio de Banzer) y 1981 (final de Luis García Meza). Pero más urgente es abrir los archivos de las Fuerzas Armadas que, con la anuencia de éste y todos los gobiernos anteriores, se han negado a hacerlo. Impunemente. Sin esta condición previa, ninguna Comisión de la Verdad será posible. Mientras tanto, quiero contarles un pedacito de esa historia.

He buscado, he escarbado obsesivamente información al respecto durante tres años intentando saber qué sucedió, qué diablos sucedió, qué carajos sucedió, por favor, específicamente en las minas del llamado Consejo Central Sur. ¿Por qué? Porque he escrito un libro cuyo título es “Crónica de un parricidio” que espero publicar pronto. Decidí retomar un tema que había trabajado muchos años atrás pero que claramente demandaba contar la historia completa con la participación de mucha más gente -no sólo mi padre en cuyo testimonio se basó el texto anterior- que había  tomado parte en el derrocamiento final de la dictadura de Luis García Meza. Y lo hice.

Innumerables documentos, entrevistas y testimonios. Dos de ellos fundamentales, dos víctimas de la represión sucedida durante el golpe del 17 de julio de 1980 en Tupiza por orden del comandante del regimiento Chichas cuyo comandante era mi papá: Luis Alberto Molina, esposo de María Luisa Vargas, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, ya fallecida, furibunda detractora del comandante del Chichas, y Humberto Ortiz, su mano derecha, y también periodista. Horas de conversación, bronca, memoria, desahogo, lágrimas y un abrazo final. Y en ningún caso logré encontrar el muerto que probablemente yo andaba buscando. Humberto Ortiz ha repetido hasta el cansancio la historia de aquel muchacho de nombre Juan de Dios Aramayo, desaparecido durante la dictadura cuyo rastro llega hasta al regimiento Chichas, y yo, lamentablemente, ni con el testimonio del propio Humberto Ortiz apresado en el Chichas y testigo de lo que allí sucedió: nada (salvo el apresamiento temporal de mineros que luego fueron residenciados), ni en los archivos de Derechos Humanos en La Paz, ni en ASOFMAD, ni con el director de una radio minera, ni con el delegado de prensa de la época, ni con un oficial que tomó parte en los operativos de la represión, ni con el Jefe de Inteligencia del regimiento militar de entonces en el lugar, he podido encontrar nada. Nada. Salvo esta historia apretada aquí, suculenta en el libro:

El golpe de Luis García Meza se preparó minuciosamente por lo menos seis meses antes. El documento para su ejecución se llamó Plan Tarata y se escribió en Cochabamba con participación de la Misión Militar Argentina. Para llevar a cabo el golpe se creó el Centro de Operaciones Conjuntas. Para la toma de las minas del Consejo Central Sur se creó la ATI-10, Agrupación Táctica de Infantería. Su comandante fue el capitán Luis Cossío Viruez, experto en entrenamiento ranger, creador del regimiento Ranger Manchego, calificado por sus camaradas como un milico “estupendo”. Llegó al Chichas dos meses antes del golpe y se dedicó únicamente a entrenar tropa. El Chichas cambió de estatus, de regimiento de caballería a regimiento de “asalto”. Con toda la tropa de los distintos regimientos en la zona minera Cossío hizo de la ATI-10 prácticamente un regimiento que rendía cuentas directamente al Centro de Operaciones en La Paz que manejó el coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza y el entorno más próximo del dictador. Terminada su misión en las minas luego del golpe, Cossío fundó la Policía Militar de la que fue comandante, hombre de primera línea de Luis García Meza, involucrado luego en narcotráfico, habiloso ranger, nunca fue incluido en juicio alguno y así como apareció, se esfumó.  Así fue cómo la cúpula golpista manejó las operaciones del 17 de julio de 1980 en las minas del sur. En el norte fue distinto. Allí abundan testimonios de crímenes probados.

Pero a pesar de mis mejores intentos, es probable que esta historia sea distinta y mucho menos amable. No sé. Por eso es necesario acceder a los documentos de las Fuerzas Armadas, si es que todavía existen. Para ello sólo es necesaria la voluntad política del gobierno que hasta ahora ha preferido la vergonzosa transacción con los militares de quienes, sin embargo, espero yo el milagro, no de parte de este gobierno. Fueron capaces de resignar el tutelaje y dar paso a la democracia, fueron capaces de no entorpecer el encarcelamiento de Luis García Meza. Ojalá fuesen capaces de permitirnos conocer la verdad. Y aún así será insuficiente. Porque podremos enterrar a nuestros muertos, pero ninguna Comisión de la Verdad cambiará el lugar de las Fuerzas Armadas. Y ese es el desafío mayor.